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Abolición de los señoríos en España


Abolición de los señoríos en España


La abolición de los señoríos o abolición del régimen señorial en España fue un proceso histórico realizado a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, desde que se aprobó por primera vez en las Cortes de Cádiz el 18 de marzo de 1812 hasta su definitiva puesta en vigor el 26 de agosto de 1837. La revolución liberal española iniciada en 1808 consideraba a los señoríos como uno de los símbolos del «régimen feudal» a suprimir, invocando precedentes en las quejas seculares de procuradores en Cortes contra sus excesos, entendiendo que habían sido otorgados con daño al pueblo llano y en detrimento de los derechos de la Corona. También era evidente que pretendía seguirse (si bien con una voluntad más reformista que revolucionaria) el ejemplo de la «abolición del feudalismo»  que decretó la Asamblea Nacional francesa el 4 de agosto de 1789.

De esos planteamientos surgieron tanto la necesidad de la desamortización (iniciada ya con el despotismo ilustrado del siglo XVIII, pero que no se generalizó hasta el Decreto Mendizábal de 19 de febrero de 1836 —para las propiedades eclesiásticas—, y la Ley Madoz de 1 de mayo de 1855 —de Desamortización general, que afectó al resto de bienes «de manos muertas» y particularmente a los bienes comunales y «de propios» de los ayuntamientos—) como la de la desvinculación de las propiedades nobiliarias (eliminación de la institución del mayorazgo con el Real Decreto de 11 de septiembre de 1820 —convertida en Ley desvinculadora el 11 de octubre del mismo año—)[1]​ y de la supresión de los señoríos (en dos textos legislativos, que hubo que reiterar debido a la supresión del primero por la restauración del absolutismo por Fernando VII).

No obstante, existen, todavía en la actualidad señoríos nobiliarios, no jurisdiccionales y con mera consideración de títulos del Reino: el de la Casa de Lazcano y el de la Casa de Rubianes, con grandeza de España; el de Alconchel, la Higuera de Vargas, el de Sonseca, el de Balaguer (vinculado a la princesa de Gerona), el de Molina y de Vizcaya (pertenecientes ambos históricamente a la Corona española) y los del Solar de Tejada y el Solar de Valdeosera (ambos señoríos de divisa).

Decreto del 6 de agosto de 1811 de las Cortes de Cádiz

Del 4 de junio al 1 de julio de 1811, se estuvo debatiendo en las sesiones de Cortes (aunque ya se había estado planteando antes) la abolición de los señoríos, que finalmente fue aprobada. El decreto abolía los señoríos convirtiéndolos en simple propiedad privada, así como el vasallaje y las prestaciones personales al señor (sernas y otros derechos feudales).

El decreto de las Cortes de Cádiz suponía la incorporación a «la nación» de los señoríos jurisdiccionales de cualquier clase y condición, pasando a ser competencia pública el nombramiento de todos los justicias y demás funcionarios públicos. Abolían los dictados de vasallo y vasallaje y las prestaciones, así reales como personales, que debían su origen al título excepcional, a excepción de los que procedan de contrato libre en uso del derecho de propiedad.

En los artículos 5 y 6 del Decreto se determinaba que los señoríos territoriales quedaban bajo el derecho de propiedad particular, salvo aquellos que por su naturaleza debían incorporarse a la nación o los que no habían cumplido las condiciones en que se concedieron; y por lo mismo los contratos, pactos o convenios que se habían hecho en razón de aprovechamiento, arriendos de terrenos, censos u otros de esta especie celebrados entre los llamados señores y vasallos se debían considerar como contratos de particular a particular. Es decir, se respetaban los señoríos territoriales o de simple dominio particular.

Decreto de 12 de octubre de 1820

Las Cortes aprobaron el 27 de septiembre de 1820 un decreto de supresión de todos los mayorazgos. Fue firmado por Fernando VII el 12 de octubre de ese año y fue publicado por la Gaceta del Gobierno en un suplemento extraordinario el viernes día 20 de octubre de 1820.

La Ley de 3 de mayo de 1823 del Trienio Liberal

La vuelta de Fernando VII significó negar toda legitimidad a la legislación liberal, no solo en cuanto al decreto de abolición de señoríos, sino de la misma Constitución de 1812. La restauración de la Constitución durante el Trienio liberal trajo consigo la renovación del interés por la supresión de los señoríos, retomado por la nueva ley de 3 de mayo de 1823,[3]​ que no llegó a tener desarrollo porque ese mismo año la intervención de las potencias europeas a través de la expedición militar de los Cien Mil Hijos de San Luis repuso a Fernando VII como rey absoluto.

La abolición definitiva del régimen señorial en 1837

Nuevamente, un gobierno liberal, en 1837, durante la regencia de María Cristina de Borbón, ⁣abolió definitivamente los señoríos, junto con otras medidas en el mismo sentido, como la supresión del mayorazgo y la desamortización.

La abolición del régimen señorial no significó (como había ocurrido durante la Revolución francesa con el histórico decreto de abolición del feudalismo de 4 de agosto de 1789) una revolución social que diera la propiedad a los campesinos. Para el caso de los señores laicos, la confusa distinción entre señoríos solariegos y jurisdiccionales, de origen remotísimo e imposible comprobación de títulos, terminó llevando a un masivo reconocimiento judicial de la propiedad plena a los antiguos señores, que únicamente vieron alterada su situación jurídica y quedaron desprotegidos ante el mercado libre por la desaparición de la institución del mayorazgo, es decir, que quedaban libres para vender o legar a su voluntad, pero también expuestos a perder su propiedad en caso de contraer deudas.

La diferenciación entre el «señorío jurisdiccional» y el «señorío territorial» fue vital, por lo que se dejó en manos de los tribunales de justicia la determinación de en qué casos los antiguos señores podían conservar su dominio eminente al ser declarado «señorío territorial» y convertirlo en plena propiedad, tal como se entiende en el sistema capitalista. En el feudalismo o régimen señorial, el concepto de propiedad sería anacrónico, pues todos (señores y campesinos) compartían algún tipo de derecho sobre la tierra.

En España no se realizó una revolución campesina como la que en Francia quemó castillos y archivos señoriales, desposeyendo a la nobleza de sus propiedades (o incluso conduciéndola a la guillotina o el exilio). La nueva clase dominante en el campo español bajo el régimen liberal estaba compuesta por las familias aristocráticas tradicionales que consiguieron conservar un patrimonio ya no protegido por el mayorazgo, aliadas a una burguesía emergente dispuesta a invertir en la Desamortización, representadas políticamente por el partido liberal moderado.

En la mitad norte de España, los campesinos consiguieron asentarse como propietarios de pequeñas explotaciones minifundistas (a veces mayores, como en Cataluña); en la mitad sur, fueron sobre todo grandes masas de jornaleros trabajando en los latifundios.[5]

Véase también

  • Feudalismo en España
  • Señoríos

Referencias


Text submitted to CC-BY-SA license. Source: Abolición de los señoríos en España by Wikipedia (Historical)